El viernes 11 de octubre se perpetró el atentado más grave que
se haya registrado en los últimos treinta años de historia en
el país en contra de un mandatario electo por el voto popular.
La vivienda del gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue atacada brutalmente a balazos con armas de guerra, poniendo en serio riesgo de vida al propio mandatario y a su familia.
Los primeros indicios dan cuenta del accionar de bandas vinculadas al narcotráfico, que se sienten amenazadas ante la firme decisión del Gobierno santafesino de hacerles frente con todo el peso de la ley.
Este ataque mafioso es una muestra de los riesgos que la sociedad toda debe afrontar si se decide librar una lucha contra las mafias y el narcotráfico, para lo cual hace falta un grado de unidad muy importante en la dirigencia política en su conjunto.
A raíz de las denuncias por presuntos vínculos entre la policía y los sectores narcos, el Gobierno santafesino decidió ir a fondo en la investigación de los delitos y acelerar una profunda reforma policial y de la Ley de Seguridad de la Provincia, basada en las propuestas del Acuerdo para una Seguridad Democrática.
Los policías sospechados fueron separados de inmediato de la fuerza y puestos a disposición de la investigación judicial; se convocó a todas las organizaciones políticas para buscar consensos duraderos en las políticas de lucha contra el narcotráfico; el ministro de Seguridad, que no proviene de las filas policiales, concurrió al Poder Legislativo para dar detalles de las políticas y decisiones de su cartera ante los requerimientos de los representantes del pueblo.
Sin embargo, no todos han elegido el mismo camino. Como lo afirmara Alberto Binder en el seminario de seguridad pública que organizáramos a principios de este año, algunos gobiernos, entre ellos el de Córdoba, apostaron a una estrategia de “doble pacto” para garantizar la gobernabilidad de la seguridad. Por lado, un pacto entre la dirigencia política y la Policía, para permitir que esta última se autogobierne sin demasiada injerencia del poder político; y, por otro, un pacto entre la policía y la delincuencia, a la que se le permite accionar dentro de ciertos límites y acuerdos. La resultante debía ser que la criminalidad no afectara la gobernabilidad.
Evidentemente este pacto se rompe cuando es tal el aumento del poder de las mafias que llegan a controlar a parte de la policía e incluso del poder político. Ya no hay acuerdo que garantice gobernabilidad.
Por esta razón la salida a la crisis que ha puesto en jaque a la administración del gobernador José Manuel de la Sota no puede consistir en un maquillaje o un simple cambio de funcionarios como se ha hecho hasta ahora. Es necesario un cambio de fondo en el paradigma que rige las políticas de seguridad y tomar a la crisis como una oportunidad para terminar con este doble pacto y avanzar hacia una Seguridad Democrática.
Desde el primer día en que salió a la luz esta trama de delito y corrupción nos hemos puesto a disposición del gobernador por si decide enfrentar seriamente este problema, que no es un problema del Gobierno sino de todos los cordobeses. Son mafias muy poderosas, por eso una de las condiciones para combatirlas es lograr un compromiso muy fuerte de todos los sectores de la sociedad que no queremos vivir a merced de los violentos, pero es el propio gobernador el que debe ponerse al frente.
Lamentablemente no vemos a De la Sota con el compromiso que debería tener. Es muy elocuente el hecho de que por ejemplo la familia de un periodista, Tomás Méndez, haya tenido que convocar a una marcha para que el pueblo sepa la gravedad de la situación que están enfrentando, donde las amenazas de muerte son permanentes. Mientras tanto, el gobernador, en vez de garantizar su seguridad, se siente atacado y cierra filas con los sectores más sospechados de la policía.
La vivienda del gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue atacada brutalmente a balazos con armas de guerra, poniendo en serio riesgo de vida al propio mandatario y a su familia.
Los primeros indicios dan cuenta del accionar de bandas vinculadas al narcotráfico, que se sienten amenazadas ante la firme decisión del Gobierno santafesino de hacerles frente con todo el peso de la ley.
Este ataque mafioso es una muestra de los riesgos que la sociedad toda debe afrontar si se decide librar una lucha contra las mafias y el narcotráfico, para lo cual hace falta un grado de unidad muy importante en la dirigencia política en su conjunto.
A raíz de las denuncias por presuntos vínculos entre la policía y los sectores narcos, el Gobierno santafesino decidió ir a fondo en la investigación de los delitos y acelerar una profunda reforma policial y de la Ley de Seguridad de la Provincia, basada en las propuestas del Acuerdo para una Seguridad Democrática.
Los policías sospechados fueron separados de inmediato de la fuerza y puestos a disposición de la investigación judicial; se convocó a todas las organizaciones políticas para buscar consensos duraderos en las políticas de lucha contra el narcotráfico; el ministro de Seguridad, que no proviene de las filas policiales, concurrió al Poder Legislativo para dar detalles de las políticas y decisiones de su cartera ante los requerimientos de los representantes del pueblo.
Sin embargo, no todos han elegido el mismo camino. Como lo afirmara Alberto Binder en el seminario de seguridad pública que organizáramos a principios de este año, algunos gobiernos, entre ellos el de Córdoba, apostaron a una estrategia de “doble pacto” para garantizar la gobernabilidad de la seguridad. Por lado, un pacto entre la dirigencia política y la Policía, para permitir que esta última se autogobierne sin demasiada injerencia del poder político; y, por otro, un pacto entre la policía y la delincuencia, a la que se le permite accionar dentro de ciertos límites y acuerdos. La resultante debía ser que la criminalidad no afectara la gobernabilidad.
Evidentemente este pacto se rompe cuando es tal el aumento del poder de las mafias que llegan a controlar a parte de la policía e incluso del poder político. Ya no hay acuerdo que garantice gobernabilidad.
Por esta razón la salida a la crisis que ha puesto en jaque a la administración del gobernador José Manuel de la Sota no puede consistir en un maquillaje o un simple cambio de funcionarios como se ha hecho hasta ahora. Es necesario un cambio de fondo en el paradigma que rige las políticas de seguridad y tomar a la crisis como una oportunidad para terminar con este doble pacto y avanzar hacia una Seguridad Democrática.
Desde el primer día en que salió a la luz esta trama de delito y corrupción nos hemos puesto a disposición del gobernador por si decide enfrentar seriamente este problema, que no es un problema del Gobierno sino de todos los cordobeses. Son mafias muy poderosas, por eso una de las condiciones para combatirlas es lograr un compromiso muy fuerte de todos los sectores de la sociedad que no queremos vivir a merced de los violentos, pero es el propio gobernador el que debe ponerse al frente.
Lamentablemente no vemos a De la Sota con el compromiso que debería tener. Es muy elocuente el hecho de que por ejemplo la familia de un periodista, Tomás Méndez, haya tenido que convocar a una marcha para que el pueblo sepa la gravedad de la situación que están enfrentando, donde las amenazas de muerte son permanentes. Mientras tanto, el gobernador, en vez de garantizar su seguridad, se siente atacado y cierra filas con los sectores más sospechados de la policía.
Publicado en: Diario Puntal
0 comentarios:
Publicar un comentario