Corría el año 2009 cuando decidimos intentar ponerle el cascabel al gato que en vez de comerse al ratón se estaba tragando los ingresos de los más pobres de nuestra ciudad. Pasaron cinco años y con la rapidez que la caracteriza nuestra Justicia cordobesa dictó un fallo ejemplar, sí, ejemplar para el interés del grupo empresario concesionario del juego, al que prioriza por encima de la salud física, mental, social y económica de la comunidad de Río Cuarto.
Surge de la decisión de nuestra Justicia a la que poco le importa lo que técnicos, profesionales idóneos, instituciones, la propia Iglesia y todos los que participaron en la Audiencia Pública del 23 de septiembre de 2008 manifestaran sobre los efectos altamente nocivos de las slots. Inocentemente creí que la discusión sobre las consecuencias dañinas de las tragamonedas en la sociedad estaba zanjada; inocentemente creí que se priorizaría el bienestar general de la población.
Si sabemos del descontrol de conductas que genera la ludopatía, si está demostrado que químicamente repercute en una parte del cerebro comparado con el consumo de algunas sustancias como la cocaína, si sabemos que el problema individual que se genera en la adicción es preocupación por el juego, necesidades de jugar cantidades excesivas, si sabemos que los ludópatas engañan a la familia y a otras personas para ocultar su grado de implicación y se llega a cometer actos ilegales como falsificaciones, robos y abusos de confianza para financiarlo, perdiendo relaciones personales e incluso oportunidades laborales, porque se confía en que los demás proporcionen ayuda en dinero para solventar deudas y situaciones desesperadas, si sabemos que todo esto ha derivado en mayor cantidad de consultas por personas con intento de suicidio por cuestiones vinculadas a esta adicción en el Centro de Asistencia la Suicida.
Si sabemos todo esto, por qué nuestra Justicia con este fallo brinda amplia y permanente disponibilidad y facilidad de acceso al medio donde se originan los comportamientos que causan esta enfermedad social y facilita el uso de las máquinas tragamonedas, identificadas como la principal causa del aumento de ludópatas.
Y por qué, además, nuestra Justicia mira el impacto en la economía de un privado y no el impacto negativo que la actividad de los tragamonedas genera en la economía de la ciudad y de la región, ya que actúa como un fenómeno de detracción de recursos, absolutamente perjudicial para el desarrollo de la ciudad.
Cuesta entender, en realidad no acepto que se dejen de lado la Constitución y toda la normativa que garantizan el derecho a la salud, no como un acto gracioso de los gobernantes sino como un deber que emana del derecho nacional e internacional.
Hay que recordar que en el año 2003 hubo gobernantes que permitieron la instalación de CET en la ciudad; obviamente es de esperar (y así sucedió) que ante el daño efectivamente causado por la actividad de esta compañía, otros gobernantes decidieran al menos mitigar sus efectos nocivos a través de la restricción del horario. Pero la Justicia decidió que era más importante darle seguridad jurídica (y económica) a un grupo empresario que darle salud y protección económica a los más pobres, a los más vulnerables afectados por la enfermedad de la ludopatía.
Esta posición del Tribunal Superior de Justicia lleva a pensar que el Estado nunca podría volver sobre sus pasos cuando toma una decisión equivocada que lesiona el interés colectivo.
A pesar de todo aún estoy convencida de que hay políticas de Estado indeclinables, como son la preservación de la salud de la población y la moral pública, que requieren una intervención concreta y real del Estado, incluso si ello implica rever sus decisiones (como una habilitación para funcionar).
Lamentablemente, mientras toda esta cuestión sigue su trámite por los pasillos de la burocracia leguleya, el interés lucrativo de una empresa continúa enfermando a la ciudadanía, llevándose el ingreso de gran número de familias, y las destruye como consecuencia del funcionamiento irrestricto de sus tragamonedas.
Cuando asumí como concejal me comprometí a trabajar por el interés general de los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto, y para mí este siempre se encuentra por encima del interés de los particulares, en este caso de la concesionaria de los juegos. Nos encontramos obligados como Estado a ser garantes de los derechos de raigambre constitucional y a ejercer acciones tendientes a erradicar todo aquello que atente contra el interés público, como lo hicimos con la Ordenanza que aprobamos hace cinco años y como seguiremos trabajando para erradicar a estos “chupapobres”.
Publicado en Diario Puntal
Fuente: http://www.puntal.com.ar/noticia_comen.php?id=177794
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