Maria Elena Barbagelata
Este nuevo 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, nos obliga a hacer un balance de los derechos y de los logros alcanzados en materia de igualdad de género, que continúan como meros deseos sin anclaje real en nuestra sociedad.
Poco se avanzó y las deudas de la democracia se siguen acumulando. La violencia contra la mujer ha alcanzado niveles alarmantes. Muere una cada 36 horas por femicidio sin que las políticas públicas ni el sistema judicial implementen acciones efectivas y oportunas. Se llega mal y tarde, cuando se llega…
Las órdenes judiciales de prohibición de acercamiento no se cumplen, sin consecuencia alguna para el responsable y con consecuencias trágicas para la mujer acosada. No existe seguimiento de las órdenes, ni medidas defensivas efectivas ni accesibles, ni apoyo concreto para la mujer víctima de esta violencia machista que la mata.
En el campo laboral, las metas de igualdad brillan por su ausencia. El salario de la mujer es en promedio un 36% inferior al del varón, aunque la mujer tiene casi un año más de educación; la diferencia trepa al 41% en los puestos gerenciales que además son ocupados en un 93% por hombres. El ser mujer reduce el 72% las chances de participar en el mercado de trabajo y sólo 1 de cada 3 mujeres obtuvieron empleo pleno, frente a uno de cada dos varones. El 56% de las mujeres que trabajan lo hacen sin aportes, en tanto porcentaje en los varones es menor: 44.8%. A ello se agrega que las mujeres tienen un 70% más de probabilidades que los varones de encontrarse sin participación en el sistema de seguridad social y cobertura de salud, según relevamientos del Observatorio de la Deuda Social.
Lejos también estamos de respetar los derechos a la salud sexual y reproductiva. Una de las Metas del Milenio, prevista para ser cumplida en los los primeros 15 años de este siglo, era reducir la mortalidad materna en dos tercios. La realidad demuestra que los avances han sido escasos y lentos: una mujer en Argentina tiene casi 8 veces más probabilidades de morir por causas vinculadas al embarazo, que si viviera en los países nórdicos. Hay provincias que tienen tasas de mortalidad materna similares a la de los países subdesarrollados lo que indica una enorme desigualdad territorial. La mortalidad materna se nutre del aborto clandestino que se cobra la vida de 100 mujeres por año en especial, de mujeres pobres. Son muertes evitables. A su vez, la hospitalización por complicaciones de aborto sigue siendo la primer causa de egreso de las maternidades después del parto. Este es el efecto de penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y de omitir la puesta en práctica de los protocolos para atender en el sistema de salud a los casos de aborto no punible.
También se mantienen las asignaturas pendientes en lo que hace a la participación plena de la mujer como ciudadana plena. En muchas provincias se violó el cupo femenino en las listas de candidatos y pese a ello fueron homologadas por los jueces electorales. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se aprueban los pliegos de los dos candidatos varones propuestos, se concretará un gran retroceso en la participación de la mujer en el máximo órgano judicial. Ya es hora de poner en práctica la paridad entre mujeres y varones en todos los ámbitos de decisión, incluyendo al ámbito del ejecutivo. No se trata de un mero dato cuantitativo, sino de una condición de gobernabilidad democrática.
Falta implementar políticas de cuidado para la crianza de los niños en forma compartida y licencias laborales parentales, que reconozcan que las responsabilidades familiares no recaen en las mujeres exclusivamente, sino que ambos padres están igualmente involucrados.
Hemos sostenido siempre que es hora de compartir la casa, el trabajo y el poder. Este nuevo 8 de marzo nos debe convocar a la acción.
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