Dada la situación de inseguridad, el crecimiento del narcotráfico y el aumento de enfrentamientos de bandas armadas en todo el país, la diputada nacional Alicia Ciciliani presentó un pedido de informe en el que fundamentalmente pretende saber que es lo que sucede con el control de armas y municiones en la Argentina , como así también cuál es la situación hoy del Programa Desarme Voluntario. Al respecto Ciciliani dijo: “urge trabajar sobre este tema en el que se evidencian fallas del gobierno nacional”.
El pedido de informe presentado Ciciliani surge y se refiere puntualmente a la desaparición de 200 armas, entre ellas revólveres, pistolas y subametralladoras que se encontraban dentro de un lote para ser destruidas, en el propio RENAR.
En el informe se consulta si se han identificado los responsables del hecho; si la Unidad Fiscal de Investigación está llevando a cabo la investigación, y en caso contrario por qué no fue la encargada; cuál fue el lugar donde se radicó la denuncia y si se apartó a la Policía Federal de la causa, dado que era la responsable del control. Además se pretende saber cuáles son los mecanismos de seguridad con que cuenta el RENAR para garantizar que todas aquellas armas entregadas con la finalidad de ser destruidas, realmente sean destruidas.
Tras el hecho acontecido, se consulta si se adoptaron nuevas medidas para asegurar el control de las armas que se encuentran custodiadas ya sea porque fueron entregadas para su destrucción o que se deben preservar porque están judicializadas.
Por otro lado, en el pedido de informe, teniendo en cuenta la premisa de que “sin municiones las armas no funcionan”, se interroga respecto de quienes son los responsables del control del comercio de municiones, la inspección y la autorización del ingreso de pólvora al país. Se cuestiona si se realizó una evaluación frente al incremento exponencial de decomisos realizados por Gendarmería Nacional (de 90.000 unidades a 1.000.000) entre el 2011 y el 2012, y pide se detalle si se han identificado responsables de esta situación. Por último, se señala el ingreso de efedrina al país como si fueran barriles de pólvora (tal como está registrado en la causa judicial sobre el triple crimen relacionado con el tráfico de Efedrina) y se cuestiona si se ha realizado una auditoria interna para identificar de qué manera fue posible.
En cuanto al Plan Nacional de Desarme que se inició en el año 2007, el pedido de informe requiere conocer su evolución, si se ha realizado una evaluación de su funcionamiento y si están previstas nuevas acciones para impulsar el programa y cuáles son.
A pesar de que el programa en sus inicios tuvo un fuerte impulso por parte de las organizaciones civiles dedicadas a esta temática, desde ese mismo año es mayor el número de nuevos pedidos de portación de armas que de entrega de armas para ser destruidas. Se entregaron 130.000 armas y se autorizaron a 200.000 nuevos usuarios. Solo civiles, hay 785.000 usuarios registrados. Al respecto Ciciliani expresó: “urge trabajar sobre este tema en el que se evidencian fallas del gobierno nacional”. Y añadió:“la posesión de armas de fuego no da protección sino todo lo contrario, de hecho cada arma que se retira de circulación contribuye a la reducción de la violencia”.
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